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Cuestión de nombres
Xavier Pericay
ABC
Los nacionalistas catalanes están que trinan. Se comprende. Llevan 20 años construyendo lo que ellos llaman el «espai català de comunicació» y otros 45 zurciendo con palabras esos imaginarios «Països Catalans», y ahora todo son problemas. Los problemas no vienen de Cataluña, por supuesto; vienen del resto de España y, en concreto, de estos territorios que un día pertenecieron por derecho de conquista a la Corona de Aragón y que desde hace siglos, por derecho dinástico —aunque en las últimas tres décadas ese derecho haya dejado paso a sucesivos e inequívocos refrendos democráticos—, forman parte del Reino de España. Me refiero, claro, a las Islas Baleares y a la Comunidad Valenciana.
El caso es que, del mismo modo que el Gobierno de Jaume Matas, a mediados de 2004, desgajó a su Comunidad del Instituto Ramon Llull, donde lo había metido en 2002 la acción conjunta de un gobierno convergente catalán y un gobierno de progreso balear —es decir, de dos gobiernos nacionalistas—, el Gobierno de Francisco Camps ha iniciado los trámites administrativos para cerrar el centro reemisor de televisión que permite captar la señal de TV3 en la Comunidad Valenciana. Este centro es propiedad de Acció Cultural del País Valencià, o sea, de Eliseu Climent, lo que equivale a decir que ha sido sufragado mayormente con dinero público catalán.

Aun así, todo indica que la amenaza del Gobierno valenciano —que, para más inri, debería ejecutarse el próximo 25 de abril, tercer centenario de la batalla de Almansa, en la que los Borbones dieron cuenta definitiva de los Austrias— no va a pasar, por suerte, del estadio de amenaza. Estos últimos días, los gobiernos valenciano y catalán han empezado a negociar las condiciones por las que TV3 va a poder seguir viéndose en la Comunidad Valenciana.

¿Y saben qué están negociando? Pues algo elemental. De entrada, la reciprocidad: si la señal de TV3 ha de seguir captándose en la Comunidad Valenciana, que la de Canal 9 pueda captarse asimismo en Cataluña, aunque nadie haya hablado hasta la fecha, que yo sepa, de un «espai nacional valencià». Y, luego, una cuestión de nombres: al Gobierno valenciano le ofende oír en TV3 «País Valencià» y «català» para referirse, respectivamente, a la Comunidad y a una de las dos lenguas oficiales que allí se hablan, en lugar de los preceptivos y legales «Comunitat Valenciana» y «valencià». No consta, en cambio, que el Gobierno catalán tenga también algún agravio pendiente. Natural: el imperialismo sólo se da de norte a sur.

En 1962, Joan Fuster publicaba «Questió de noms». De ahí —y de «Nosaltres els valencians», editado el mismo año— salieron los «Països Catalans». Había que ponerle nombre a la cosa. Lástima que la cosa no existiera más que en la cabeza de Fuster y de cuatro más. Para comprobarlo, basta ver cómo está el ruedo electoral en la Comunidad Valenciana casi medio siglo más tarde. Quien manda allí, en una palabra. Y quien exige, para sus propias denominaciones oficiales, el mismo respeto que cualquier gobierno exigiría para las suyas.